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El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha mostrado su total disconformidad con la aprobación en el Senado del Proyecto de Ley de Auditoría, que se ha producido este jueves y que afectará a más de 55.000 empresas que se auditan en España.

El Real Decreto que modificará este reglamento dispondrá una nueva definición de Entidades de Interés Público (EIP) que reducirá el número de sociedades que deben someterse a una auditoría más exhaustiva de aproximadamente 8.000 a 1.800.

Así, tendrá consecuencias negativas para las empresas, puesto que generará un importante sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría respecto a los países europeos.

Los principales problemas de esta nueva ley son de carácter técnico, como el régimen de independencia «complicado», la ampliación del contenido del informe de auditoría para entidades que no son de interés público y la regulación de la extensión de prohibiciones de prestación de servicios distintos en EIP.

Asimismo, han añadido que se producirá un «incremento de un 100% en los impuestos» que soportará la auditoría en el futuro y la merma en el derecho a la defensa que implica la exclusión de los procedimientos sancionadores del Comité de Auditoría de Cuentas del ICAC.